Si Brasil y Guatemala pudieron destituir a su
presidente por corrupción; ¿Por qué no vamos a poder en México....?
Desde
que los guatemaltecos derrocaran y encarcelaran a su presidente bajo los cargos
de corrupción, los observadores mexicanos cada vez sienten más vergüenza de la
indiscriminada impunidad que reina en su propio gobierno.
Lo
rato es que Guatemala aparezca en las noticias mexicanas, donde gran parte de
sus habitantes contempla a Centroamérica con una mezcla de sospecha y
superioridad, si es que la contempla en absoluto.
Los
guatemaltecos tomaron las calles y se manifestaron sin descanso durante la
primavera y el verano, destituyeron a su presidente y le encarcelaron bajo
acusaciones de corrupción. Entonces México empezó a prestar atención. Ver a los
guatemaltecos echarse a las calles a protestar por la corrupción, y observar
que han dejado a su presidente, Otto Pérez Molina, sin poder y entre rejas, ha
desatado la envidia de los mexicanos.
A
fin de cuentas México es un país donde la impunidad es indiscriminada y en
donde los políticos más poderosos son intocables. La impunidad del presidente
Enrique Peña Nieto ha caído en picado por culpa de los casos de corrupción, por
los escándalos de conflictos de interés y por el grotesco manejo de la investigación
gubernamental sobre los 43 estudiantes desaparecidos.
“Si
un país con deficiencias tan abismales como Guatemala en materia de Justicia,
puede hacer… ¿Qué es lo que impide a los mexicanos a llevar a cabo una limpieza
que empiece por arriba?, escribió el columnista Jorge Zepeda Patterson en la publicación
online Sin Embargo.
“Si
Guatemala ha podido… ¿Por qué no vamos a poder nosotros?”
Las
poco halagadoras comparaciones entre ambos países evidencian las limitaciones
mexicanas, donde las manifestaciones acostumbran a extinguirse y los caso de corrupción
casi nunca son castigados. “México está a años luz de Guatemala en este aspecto”,
señalo Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Se trata de una think thank que ha investigado el
impacto de la corrupción en México.
En
México, Pena Nieto nombre a un hombre de su confianza en febrero para que
investigara las alegaciones según las que él, su mujer y su ministro de
Finanzas habrían adquirido propiedad de contratistas satelitales.
A
nadie le extraño que el auditor Virgilio Andrade, un amigo de la infancia de
Luis Videgaray, el ministro de Finanzas exonerara al trío al mes pasado.
Andrade concluyo que los investigados no dirigieron sus negocios a los
contratistas de manera ilegítima.
Sin
embargo, los detractores ridiculizaron el anuncio y lo tacharon de grotesco
intento por intentar esclarecer el nombre del presidente. ¿Puede un presidente
acusado de corrupción promulgar una ley anti-corrupción convincentemente? En México
están a punto de comprobarlo.
Al
mismo tiempo, Guatemala acudió a los investigadores foráneos e independientes
en la forma de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG), una institución fundada en 2013 conjuntamente entre Naciones Unidas y
el gobierno guatemalteco.
La
CICIG, que investiga las presuntas negligencias y presenta sus conclusiones
ante los fiscales guatemaltecos, no aprecio tener demasiado impacto al
principio. Sin embargo, bajo el liderazgo del juez colombiano Iván Velásquez,
el organismo puso a la clase política en el disparadero y empezó a denunciar
escándalos de corrupción.
Su
investigación más destacada descubrió una enorme trama de corrupción aduanera a
la que se bautizó como “La Línea” y que permitía a los importadores pagar
sobornos por tarifas reducidas.
La
trama implicó a la entonces presidenta Roxana Baldetti y a otros miembros de la
cúpula de gobierno. Baldetti fue obligada a dimitir en mayo y ahora está
acusada de haber aceptado sobornos por valor de casi 4 millones de dólares.
Pérez Molina también ha sido implicado en el escándalo, aunque ha desmentido
todas las acusaciones vertidas en su contra.
El
éxito del CICIG en Guatemala está provocando que los manifestantes de otros
países centroamericanos hayan convocado a comisiones parecidas. En la empobrecida
Honduras se cree que se llevó a cabo una malversación de los fondos de la
sanidad pública con valor de 350 millones de dólares. Parte de aquel dinero sirvió
para pagar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández.
Por
su parte, el sistema judicial mexicano ha sido incapaz de perseguir
efectivamente los casos de corrupción. Además, allí la justicia puede parecer
selectiva — en un escenario donde aquellos que siguen el juego de las reglas
políticas disfrutan de impunidad y aquellos a los que se ve como prescindibles
o convirtiéndose en enemigos (como el caso de Esther Gordillo, la líder del
sindicato de maestros, que sigue encarcelada) se enfrentan a todo el peso de la
ley.
“No
hay ningún partido que haya parecido particularmente interesado en finalizar
esta situación, de las que se benefician de una u otra manera”, escribió el
profesor de ciencia José Antonio Crespo en el periódico mexicano El Universal. “Nuestras
instituciones son las herencias de los regímenes autoritarios.
Los
cambios son superficiales y cualquier reforma legal queda rápidamente
distorsionada”. Este año México aposto por acudir a la ayuda internacional para
el caso de los estudiantes desaparecidos.
El
gobierno invitó a un cuerpo llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), formado por miembros de la Comisión Inter-Americana de
los Derechos Humanos, para investigar los ataques de Septiembre de 2014 que
resultaron en la desaparición de 43 aspirantes a profesiones en el Estado de
Guerrero.
Los
expertos concluyeron que la investigación oficial – a la que el ex antiguo
Fiscal General habia bautizado como “Verdad Historica” – estaba llena de
mentiras. La mpas clamorosa de todas es que la afirma que los cuerpos de los
estudiantes fueron quemados en un remoto vertedero de basura.
El
informe del GIEI firmado el 6 de septiembre consideraba que tal era un
escenario imposible, Peña Nieto tuvo que aceptar las conclusiones. Más
adelante, la fiscal general de México convocó una conferencia de prensa de
última hora el día 16 de septiembre. Era el día que se celebra la Independencia
de México y la Fiscal General aseguró que las evidencias de ADN que el Gobierno
Azteca había enviado Austria habían permitido la identificación del segundo
estudiante desaparecido.
La
soberanía es un tema espinosa en México, un país que perdió la mayor parte de
sus territorios del norte durante la guerra entre México y Estados Unidos. Allí
las leyes indígenas lo tienes todo restringido: desde quien puede aspirar a
ocupar los despachos de la administración pública, a la prohibición de que los
extranjeros puedan comprar propiedades en primera línea de mar o en zonas
fronterizas.
El
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la formación del presidente Enrique
Peña Nieto, ha sido proverbialmente sospechoso de la intervención de cualquier delegación
foránea en los asuntos del gobierno mexicano.
El
sentimiento nacionalista explica, en parte, por qué el cerebro del cartel de
Sinaloa, Joaquin “el Chapo” Guzman, que escapó de una prisión de alta seguridad
a través de un túnel, no fue extraditado a Estados Unidos tras su arresto de
2014, y ahora en la actual administración de los EEUU. EL Gobierno se lo pone
en bandeja de plata. ¿Quiénes gobiernan a México?
Con
información de: ARGUMENTO POLÍTICO
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